Desde hace algunos años, los ordenamientos jurídicos de diversos países han comenzado a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La condición canónica de la persona jurídica no impide que sea destinataria de la legislación del Estado cuando desarrolle actividades —más allá de sus funciones eclesiales propias— sujetas al ordenamiento secular.
En el caso de la Iglesia, la Asamblea Plenaria de noviembre de 2022, aprobó el sistema de compliance para la Conferencia Episcopal Española, un manual de cumplimiento normativo y buenas prácticas adaptado a la naturaleza e identidad de la Conferencia Episcopal Española.
La adopción de este sistema, en nuestra Diócesis, tiene como finalidad consolidarse como un pilar de transparencia, integridad y buen gobierno.
Buenas prácticas
La Diócesis, además, ha puesto en marcha un canal ético destinado a la recepción de comunicaciones relativas a posibles irregularidades en su ámbito, con el objetivo de prevenirlas y, en su caso, gestionarlas adecuadamente. Este canal permite informar sobre cualquier actuación que pueda implicar una vulneración de los derechos y garantías recogidos en la Ley 2/2023.
Se garantiza tanto la protección de la identidad de la persona comunicante como la confidencialidad de la información recibida.
Este sistema refleja el compromiso de la Diócesis con las buenas prácticas en todas sus actuaciones, consolidando un modelo de referencia en materia de integridad institucional y buen gobierno.